DON LEON CORTES CASTRO Y UNA ESTATUA CUESTIONADA

Ultimamente se ha estado discutiendo si la estatua de don León Cortés Castro debe de ser removida del lugar que actualmente ocupa al final del Paseo Colón. Algo así como un eco de los revisionistas y puristas estadounidenses que quieren borrar de la historia de su país a varias de las figuras representativas de sus grandes luchas del siglo XIX.

Pero, y en cuanto a nuestro terruño, preguntémonos primero ¿Quién fue don León Cortés Castro?

Don León Cortés fue un destacado político costarricense nacido en Alajuela. Fue diputado del Congreso Constitucional en 1914 – 1917 y 1922 – 1929, siendo presidente del mismo en 1925 – 1926. También fue director de Archivos Nacionales, gobernador de Alajuela, ministro plenipotenciario de Costa Rica en Guatemala, Juez del crimen en Cartago, secretario de gobierno en los despachos de Instrucción Pública y de Fomento y Agricultura, tercer designado a la presidencia y administrador de los Ferrocarriles de Costa Rica durante el tercer y último gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno. Por último, ejerció la presidencia de la República durante el período 1936 – 1940. Además, también fue un destacado masón.

Se destacaba por ser un hábil administrador y por ser una persona autoritaria, disciplinada y honesta; y exigía de los demás lo mismo y, especialmente, de los empelados públicos. Siendo Secretario en el Despacho de Fomento entre 1932 y 1935, se destacó por su eficiencia y tenacidad al implementar sus políticas públicas que impulsó para resolver la grave crisis económica de los años treinta (la Gran Depresión) que afectaba nuestro país. Ya como presidente, dio prioridad a la continuidad de esa obra material y a la estabilidad económica, siendo sus políticas de obras públicas el elemento central de su administración, la cual llegó a ser conocida (y recordada por la historia) como la del “cemento y la varilla”, dado que la inversión estatal en ese campo representó el 36% del presupuesto nacional durante su gobierno. Esto generó fuentes de trabajo lo cual, a su vez, produjo estabilidad económica y social, lo que aumentó y cimentó la popularidad caudillista de don León, tanto en los sectores urbanos y rurales pobres, como en el campesinado. Aunque hubo avances en materia social, no fue ésta la prioridad de su gobierno, a diferencia de la administración que le sucedió, o sea, la del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.

Durante la campaña electoral de las elecciones de 1936, su declarado anticomunismo y su férreo carácter le atrajo la antipatía de los sectores comunistas del país, quienes lo empezaron a tildar de fascista y anti semita. Cuando don León se presenta nuevamente como candidato presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones de 1944, frente al ungido del Dr. Calderón Guardia, el Lic. Teodoro Picado Michalski, este tipo de ataques arreciaron y se hicieron muy virulentos por parte de la hoy ya tristemente célebre alianza calderocomunista. Esta alianza tuvo, hacia finales de la década de los 40s, una incidencia central para que, en 1948, Costa Rica fuera a una revolución. En otras palabras, la fama de don León como nazista y anti semita fue más producto de la politiquería electoral de la época, que un hecho comprobado de forma fehaciente.

Don León, reconocido masón, liberal, anticomunista, autoritario, disciplinado y honesto fue, como muchos personajes de su época, producto de las circunstancias históricas que le tocó vivir. El nazismo, y el fascismo en general, eran muy populares en aquellos años en muchos países del mundo, incluyendo Gran Bretaña y Estados Unidos. En América Latina hubo países que también mostraron simpatías por ese movimiento ideológico/político europeo, principalmente Argentina, México, Uruguay, Brasil y Chile, entre otros. Pero, a partir del inicio de la II Guerra Mundial, y en especial tras el ataque japonés a Pearl Harbor, muchos países abandonaron sus simpatías y se unieron como aliados a las fuerzas occidentales lideradas por USA, incluyendo por supuesto Costa Rica. En Costa Rica inclusive, y durante el gobierno del Dr. Calderón Guardia, se instituyeron campos de concentración donde familias enteras de alemanes y sus descendientes, así como italianos y cualquiera que tuviera nacionalidad relacionada con las potencias del eje, fueron confinados. Hay historiadores costarricenses, algunos de origen judío, que han visto en don León Cortés Castro un simpatizante nazi y, a la vez, un anti semita que nombró al presidente del Partido Nazi de Costa Rica como director de Migración, con lo cual se cerraron las puertas a muchos judíos que huían de la persecución nazista desatada en la Alemania de Adolph Hitler. También hay testimonios de judíos y descendientes que aseguran que, gracias a don León, pudieron entrar al país. No hay una forma fehaciente de probar que don León haya sido un nazista, como tampoco la hay para probar que otros dos presidentes costarricenses de esa época, como lo fueron el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia y don Otilio Ulate Blanco, fueran también simpatizantes del nazismo y anti semitas, tal y como lo insinúan esos mismos autores. Si así fuese, y en justo balance histórico, habría que desaparecer el monumento de la Garantías Sociales y la estatua de don Otilio Ulate Blanco en Alajuela… algo que es sencillamente RIDICULO.

Lo que sí hay es suficiente evidencia para determinar que los tres fueron grandes hombres de su tiempo, los tres beneméritos de la Patria y, a los tres, les debemos grandes logros sociales y materiales que, aún hoy día, podemos atestiguar. A don León en específico le debemos, entre muchas obras materiales (carreteras, escuelas, puentes, caminos y obras sanitarias), la estabilidad económica y social en una época económica, financiera y política extremadamente turbulenta, así como otras que también fueron, en su momento, de capital importancia para el país:

La transformación del Banco Internacional de Costa Rica en el Banco Nacional de Costa Rica (control del Estado sobre la emisión monetaria).
Construcción del Aeropuerto Internacional de La Sabana (su estatua está precisamente a la entrada de lo que fue dicho aeropuerto).
Fundó la Imprenta Nacional.
Firmo el contrato bananero Cortés-Chittenden, que desarrollo la zona del Pacífico Sur y posibilitó la construcción de los puertos de Quepos y Golfito.
Fundó el Servicio Meteorológico, etc.

El costarricense actual presenta una alarmante falta de memoria histórica y, por ello, puede ser fácilmente manipulable en su opinión sobre los personajes históricos, hombres y mujeres, que forjaron nuestra Patria. Este caso, el de quitar la estatua de don León Cortés Castro promovido por oscuros grupúsculos revisionistas y revanchistas, es un caso patente que demuestra mi aseveración.

En síntesis, la Estatua de don León Cortés Castro, benemérito de la Patria, SE QUEDA exactamente donde está. Esta es mi inquebrantable posición.

ALGUNOS APUNTES SOBRE NUESTRA INDEPENDENCIA

Como en los días venideros estaremos con los preparativos del festejo de nuestra Independencia, me gustaría compartir con ustedes algunos detalles históricos que, creo, son importantes conocer sobre nuestro proceso independentista.

Para el año de 1821, la Capitanía General de Guatemala ya tenía 9 años de haber sido disuelta por la Constitución de Cádiz de 1812. Es precisamente por esta razón que el Acta de Independencia del 15 de Setiembre de 1821 establece, en su artículo 1, UNICAMENTE la independencia del pueblo de la Provincia de Guatemala.

Nuestra diputación provincial, con sede en León de Nicaragua, recibe el correo extraordinario con estas noticias el día 28 de Setiembre de 1821 y, al conocer lo sucedido y decidido, no solo se pronuncia por mantenerse al margen del proceso independentista guatemalteco, sino independizarse “total y absolutamente” de Guatemala. Al mismo tiempo, se decide esperar a que se aclaren los acontecimientos políticos en referencia a la Madre Patria, o sea, decidimos seguír siendo parte de España hasta “nuevo aviso”. Esta declaración pasó a conocerse en nuestra historia patria como “El Acta de los Nublados del Día”. Al mismo tiempo, la provincia de Nicaragua – a diferencia de nuestra diputación – decide por su parte declarar su independencia.

El correo con la información del proceso independentista guatemalteco llegó a Cartago, por aquellos años capital de la provincia de Costa Rica, hasta el 13 de Octubre de 1821. El gobernador español Juán Manuel de Cañas y el Ayuntamiento cartaginés asumen la misma línea de acción recomendada por nuestra diputación con sede en León, Nicaragua, o sea, la de esperar mayor claridad de los sucesos que se estaban gestando. No obstante, esa disposición fue revocada días después por el mismo Ayuntamiento cartaginés y, en asocio con el Ayuntamiento de San José, se decide únicamente acusar recibo del comunicado independentista fechado en Guatemala aquel día 15 de Setiembre de 1821.

A pesar de ello, y a partir del 25 de Octubre de 1821, se forma e inicia reuniones la Junta de Ayuntamientos de toda nuestra provincia para, en conjunto, dar forma al establecimiento de una Junta Superior Gubernativa Provisional que considerara y resolviera sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando. Estando en esas deliberaciones, el día 28 de Octubre de 1821, se reciben las noticias de la independencia de Nicaragua (ya indicada) y de su posterior decisión de anexarse al imperio mexicano de Agustín de Iturbide según el acuerdo de Iguala. Por una confusión generada por el portador del correo, nuestros antepasados festejaron creyendo que las noticias se referían a la independencia de Costa Rica. En todo caso, y para no hacer esta historia larga, Costa Rica para ese entonces ya estaba “infestada” del virus independentista; y es por ello que todos los ayuntamientos de la provincia reunidos en cabildo abierto en Cartago, el DIA 29 DE OCTUBRE DE 1821, proclaman nuestra independencia absoluta e irreversible de España.

Esa Acta de la Independencia de Costa Rica, firmada por todos los ayuntamientos y por el hasta ese día gobernador español Juán Manuel de Cañas, es integrada a nuestro Pacto de Concordia, documento que a su vez fue nuestra primera Constitución Política, el día 1 de Diciembre de 1821. En otras palabras, el pueblo de la Provincia de Costa Rica decidió libremente, por sí mismo y en CABILDO ABIERTO, su independencia de España ese día 29 de Octubre de 1821. Esta fecha es la que en plena justicia histórica debería de ser festejada como la fecha “real” de nuestra independencia.

Fue durante el primer gobierno del Dr. José María Castro Madriz, del que ya hablé hace unos días, que el 28 de Setiembre de 1848 se decretaron la bandera y el escudo de nuestra República y, además, se dispuso el día 15 de Setiembre como feriado nacional para celebrar la Independencia de nuestra Patria.

JUCIO POLÍTICO Y RESPONSABILIDAD POLITICA

Estos son tiempos para entender que toda nuestra institucionalidad democrática ha sido y sigue siendo desbordada por un deterioro incuestionable, el cual también se ha ido permeando a todas las demás capas y manifestaciones de nuestra vida nacional.

Son patentes el desencanto y la desconfianza que el ciudadano costarricense siente por el deterioro de nuestro sistema político, en particular con el sistema partidario y con sus “figuras” y “figurones”. Así mismo, esa actitud se hace extensiva hacia los tres poderes de nuestra República: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En síntesis, y a pesar de que nunca faltan las voces satisfechas que defienden el statu quo, ya sea por intereses, por sesgos ideológicos o partidistas, por vanidad, por no querer salirse de su zona de confort e, inclusive, por ignorancia, la gran mayoría de este pueblo siente la necesidad de una revisión profunda, seria, responsable y renovadora de nuestras estructuras políticas y judiciales.

Pero ¿Qué debemos hacer? O, mejor dicho ¿Qué podemos hacer?

Para muchos de nosotros, es hora de que Costa Rica tenga una nueva Constitución Política, por lo tanto apoyamos sin reservas un Constituyente. Para otros, no es necesaria una nueva Constitución Política, y solo bastaría con reformar varios de sus artículos y algunas leyes en específico con el fin de destrabar y recuperar nuestro país. El defender una u otra posición no es el fin de este artículo, pues ya habrá tiempo para ello.

El tema central de este artículo tiene que ver, principalmente, con el concepto de Responsabilidad, y en específico, con la Responsabilidad Política.

En este país nuestro, no hay forma institucional alguna de poder aplicar condena debido a la Responsabilidad Política. Nuestra Constitución Política por un lado blinda a los responsables políticos, y por el otro es ambigua en cuanto QUE puede y debe de ser considerado Responsabilidad Política, así como también carece de una definición diáfana y específica de lo que es el concepto de Juicio Político. El Juicio Político en nuestro país es, aunque parezca cantinflesco decirlo, un ejercicio que le pertenece a los medios de opinión y, recientemente, a las redes sociales. La sentencia, de forma consuetudinaria, es condenatoria por la misma naturaleza del tribunal, y obviamente NO es vinculante y, por lo tanto, NO hay Responsabilidad Política de aquel o aquellos que hayan sido sometidos al juicio depredador de los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, en este país NADIE ni es depuesto, despedido o renuncia por custionamientos políticos; y muchísimo menos si ha sido juzgado mediáticamente o en las redes sociales.

El caso, muy reciente, del diputado Victor Morales Zapata es ejemplarizante: hay suficiente evidencia circunstancial y material para que sea sometido a un Juicio Político en la Asamblea Legislativa, pero por su condición de diputado NO va a ser sometido a dicho proceso. Cualquiera acá puede alegar, aunque solo sea para confundir, que este diputado renunció a su inmunidad, lo cual es cierto, pero ello aplica para poder proceder o a acusar o a defenderse en nuestro tribunales comunes de justicia, no para ser sometido al Juicio Político de sus pares. Es más, renunció a su partido y a su fracción legislativa… pero NO HA RENUNCIADO a su curul. Es fácil entender esta situación si leemos nuestra Constitución Política Artículos 110 y 124, incisos 9, 21, 23 y 24. Y aclaremos de una vez para que no haya dudas o malos entendidos al leer esos artículos e incisos: el Juicio Político NO es igual al juicio Legal (Civil o Penal). Son entidades jurídicas y políticas totalmente distintas.

El juicio Político, vuelvo y repito, NO existe de forma práctica en Costa Rica; y por lo tanto, TAMPOCO existe la Responsabilidad Política. Si fuese lo contrario, MUCHOS, por no decir demasiados, de los desaguisados que existen y han existido en este país NO se darían. Muchas de las “cosas” que hemos atestiguado las últimas, digamos, 3 décadas NO hubieran sucedido…

Por lo tanto, y aclarando que no soy ni abogado y mucho menos constitucionalista, pero sí un ciudadano comprometido y preocupado con la situación del país, propongo de forma vehemente que nuestra Asamblea Legislativa proceda a redactar, discutir y votar afirmativamente una reforma parcial a nuestra Constitución Política en la cual se hagan fehacientemente claros tanto el concepto y causas para el Juicio Político (en inglés impeachment), como el de Responsabilidad Política; y por supuesto sus respectivas penas, así como la nulidad de la inmunidad para enfrentar JUCIOS POLITICOS por RESPONSABILIDAD POLITICA. Y que ambos conceptos apliquen para todos los funcionarios ELECTOS que ejerzan los altos puestos a los cuales han sido elegidos por votación popular, además de que, en caso de condena y de demostración plena de culpa, el funcionario sea depuesto de su cargo y, si es del caso, sometido al proceso judicial penal o civil que nuestro ordenamiento jurídico disponga.

Estoy plenamente seguro de que los resultados de tales reformas serían muy positivos para este país, y serían generadoras de un proceso de recuperación de confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas. Ya tendremos oportunidad, si me lo permiten, de que hablemos de otras reformas que son urgentes, como la elección de diputados, pero baste por el momento que discutamos sobre estos dos conceptos: RESPONSABILIDAD POLITICA y JUICIO POLÍTICO.

NOBLEZA OBLIGA, SEÑOR PRESIDENTE, NOBLEZA OBLIGA

Recientemente publiqué un artículo en el cual hacía patente mi tristeza y decepción por lo que estaba sucediendo en el país. Hoy agrego que, además, me siento sumamente indignado.

¡Hoy me embarga la indignación más profunda por las recientes declaraciones del presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, en referencia al escándalo del cemento chino que está empañando su administración!

Ni siquiera el más autoritario de los presidentes que han sido elegidos por este pueblo desde la Revolución del 48, ha sido capaz de abiertamente amenazar a ciudadanos costarricenses que investigan, reclaman y buscan explicaciones a lo que está pasando en el país para informar a sus compatriotas. Es inconcebible que el presidente de la república, que se debe a su pueblo, haya sido tan insensato como para decir lo que dijo hoy:

“Ya los tengo identificados. Sé quiénes son. Tengo amigos en partidos políticos que me cuentan lo que están haciendo, lo que buscan y quién lo está financiando.”

Esta es una expresión totalmente inapropiada para el presidente de nuestra Costa Rica. Es una expresión que me trajo a la mente declaraciones madurianas y, por supuesto, trumpianas. Una expresión que demuestra el extremo de mediocridad y prepotencia al que ha llegado esta administración.

Me pregunto con más curiosidad que ansiedad: ¿Y qué va a hacer, señor presidente? Ya los tiene, según usted, identificados. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Callarlos? ¿Denunciarlos? ¿Encarcelarlos? ¿Demandarlos por difamación en una corte de justicia? ¿Exhibirlos como enemigos y traidores a la Patria? Creo que todo el país reclama que nos diga, con nombres y apellidos, quienes son, a que intereses espurios responden y que es lo que va a hacer con aquellos que, según usted, se han confabulado para criticar y desprestigiar al “mejor” gobierno de nuestra historia. Al gobierno del cambio y la transparencia. Al gobierno impoluto. A SU gobierno…

Hoy me duele intensamente escribir este artículo porque creo en mi Patria, en su gente y en su institucionalidad. Porque estaba seguro, hasta hoy, de que un presidente costarricense jamás se atrevería a cruzar esa línea que solo ególatras, tiranos y dictadores cruzan: intimidar a su pueblo, amenazar a sus opositores, a aquellos que piensan diferente y disienten, a aquellos que tienen la osadía y la valentía de criticarlo y a aquellos que exigen explicaciones de sus actos y de los actos de los funcionarios que lo acompañan en su administración.

Usted señor presidente, y contrario a lo que erróneamente dijo, NO es un costarricense común. Usted es el PRESIDENTE DE COSTA RICA. Usted es aquel a quien, en libertad, se le asignó la dignidad política más alta que se puede conferir en nuestro país. Usted es el representante y guardián de una democracia sólida y extremadamente respetada en el mundo. Y es por estas razones que usted NO tiene el derecho de mostrarse prepotente, amenazante y autoritario con nuestro pueblo. Usted está en la obligación de respetar nuestra democracia, los derechos que nuestra Constitución Política nos da como ciudadanos y, sobre todo, de respetar el sagrado derecho de opinión, de libertad de expresión y de consciencia que tenemos los costarricenses.

Al escuchar su discurso vi nubarrones muy oscuros en el futuro de mi país. Y es por ello que me llené de la indignación más profunda que jamás había sentido en mi vida. Con su discurso, señor presidente, me hizo sentir que usted y su administración están empujando a Costa Rica hacia una de las encrucijadas más peligrosa de su historia.

Hoy comprendí, con extrema rabia, lo tremendamente culpables que somos aquellos que dejamos que los advenedizos y los oportunistas se apoderaran del país…incluyéndolo, por supuesto, a usted y sus acólitos.

ASALTO A LA PATRIA

Me siento triste. Muy triste y decepcionado.

Es realmente doloroso lo que han hecho y hacen con nuestro país. Y me da indignación el saber que lo que está sucediendo con el asalto a nuestro sistema bancario público, sea el producto de componendas y tráficos de influencia en las cuales han intervenido e intervienen intereses de actores de los principales partidos políticos nacionales. La política nacional, esa que se escribe con “p” minúscula de prostitución, está socavando nuestra Patria.

Además, me siento completamente indignado por la forma y la actitud que asume el fiscal general de la República ante la evidencia del dolo documental, incurrido por el que se supone es el principal “sospechoso” en esta trama; al decir que en este país “cualquiera tiene una empresa de papel”, como justificando lo que evidentemente es un escándalo con visos de convertirse en el caso de corrupción más grande que ha visto Costa Rica desde la década de los 40s.

Y es que estos asuntos del cemento chino y de Coopelesca, y es lo que más temo, puede que solo sean la punta de un iceberg tan gigantezco que convierte al que hundió al Titanic en un cubito de hielo. Estos hechos que se están ventilando hoy día son solo el tufo de la putrefacción que está carcomiendo las bases de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia.

Puede, sinceramente, que les suene dramático, pero siento que se están robando mi país. Que nos estamos quedando sin país. Que lo están asaltando ante nuestras propias narices, y que estamos sometidos a una pauperizante indefención ciudadana que nos inculca impotencia y nos inhibe el defenderlo.

Nuestra mentalidad garantista, propia de nuestro Estado de Derecho y que nos obliga (gracias a Dios) a no condenar hasta que no sea un estrado de Justicia, debidamente reconocido por nuestro ordenamiento constitucional y jurídico, el que en sentencia condene o exonere, ha sido irrespetada y abusada de forma descarada por aquellos que han mancillado a Costa Rica.

El hedonismo, la prepotencia, la ambición y el abuso han ensombrecido nuestra Patria.

La Costa Rica por la cual se derramó sangre de vencedores y vencidos, aquella que emergió de la Revolución del 48, ha sido traicionada. Aquellos ideales que llevaron a compatriotas a tomar las armas para erradicar el abuso político y la corrupción, han sido traicionados. Hoy siento que aquella es una revolución traicionada.

¡Hoy me siento sumamente indignado y traicionado!

¿Usted?

MI PATRIA

Mi patria no es solo
el Reventazón o el Virilla,
el Tempisque o el Térraba,
o Chira, Venado y Calero.
Mi patria no es solo
San José o Puriscal,
Puntarenas o Nicoya.

Mi patria no es solo el Zurquí,
las llanuras sancarleñas
o la pampa guanacasteca.
Ni los balcones bohemios
del vetusto Barrio Amón,
lo clásico del Teatro Nacional
o los aromas aristocráticos
del exclusivo Club Unión.

Mi patria no es solo Sixaola
ni San Vito de Java,
ni Quepos ni Golfito,
ni Paso Canoas
ni Peñas Blancas.

¡Mi patria es mucho más
que lugares y nombres!

Mi patria no es solo la tierra
donde lloré por primera vez,
donde amé por primera vez
y donde dormiré por última vez…

Mi patria no es solo
el lamento o la desconfianza
del bribrí, el cabecar,
el cholo o el guaymíe.
Ni el patuá del negro caribeño,
el yupipía del sabanero,
el silencio burlón del cartago
o la alegría contagiosa del costero.

No es solo la tristeza o el llanto
del indigente o el miserable,
ni la altanería o la prepotencia
del poderoso.
Ni el tugurio intimidante
y hoguera de conciencias,
o el barrio exclusivo
rodeado de gendarmes,
murallas y alambres de navajas.

No es solo
la opaca casa de cristal,
el laberíntico palacio azul,
el fortín, el valle central,
los “malls” que brotan como plagas,
ni el Festival de la Luz
o la fresca brisa decembrina.
Ni las heridas que se arrugan
y enquistan en la indiferencia,
en los clichés y refugios
del “pura vida”
y la “Suiza centroamericana”.

Mi patria no es solo
el malecón que vigila
al mar infinito y lozano,
o el volcán que imponente
se eleva hasta un cielo
azul y prístino;
o el río impetuoso
que moldea las montañas
y desafía la humana osadía.

Mi patria es mucho más
que tiempos y recuerdos,
pasados, presentes y futuros,
gentes y costumbres,
amores, envidias y odios.

Y mi patria no es solo
una democracia resfriada
ni una libertad confusa
y llena de remiendos.
Democracia y libertad
a las que hemos ultrajado
y abusado sin reparo ni castigo.

¡No… !

Mi patria,
esta que llamo mi patria,
es todo esto y mucho más.
Es mucho más que la suma
o la resta que llena o vacía
un insano nacionalismo.

Mi patria es un todo
vertido en indomable amor
que obliga y respeta,
que vive y se alimenta todos los días
de todas – y otras no dichas-
estas pinceladas.
Mi patria es todo este fervor
por su gente,
por su mar, su cielo,
sus ríos, sabanas y montañas.
Mi patria es el resplandor
y la intensidad de toda esta tierra.
Es la generosidad y la hospitalidad
que reclaman honestidad y trabajo.

Es la madre cobijada,
y que nos cobija,
con la sábana multicolor
del blanco, azul y rojo.

¡Mi patria
es una sola promesa,
un solo destino,
una sola obligación,
un solo amor
y un solo nombre!

¡Mi patria, toda, es Costa Rica…!

RECOPE Y CANDIDATOS POPULISTAS – RESPUESTA A DON CLAUDIO ALPIZAR –

Este artículo ha sido escrito como respuesta a la publicación en redes sociales de don Claudio Alpizar Otoya sobre este tema: la apertura del mercado de los combustibles en Costa Rica. Hay concordancia con el mensaje medular de su artículo, la cual se resume en la siguiente frase: “Recuerde que el populismo no es monopolio de partidos de izquierda, también en la derecha hay muchísimos.” (sic).

No obstante, todo lo demás indicado en la publicación de don Claudio Alpizar es debatible, en el buen sentido del término.

Lo expuesto por varios de los candidatos a la presidencia de la república sobre abrir el mercado de los combustibles, que no entraron en detalles específicos de cómo lo harían, es una forma de respuesta para salir al paso ante la pregunta, pero además del populismo referido, también denota que el tema está en el tapete. Y dentro de la gama de alternativas y propuestas sobre el mismo, está la del grupo cívico YA NO MAS RECOPE, grupo que tiene el referendum relacionado con dicha apertura ya aprobado por el TSE, y del cual me enorgullezco pertenecer.

Primero, y antes de entrar en materia, me gustaría hacer la aclaración de que lo recolectado por concepto del impuesto único a los combustibles no significa el 14% de los recursos del presupuesto nacional, que para el 2016 fue de 8 billones de Colones. Durante ese mismo año, y según información que puede ser verificada en la página de RECOPE, lo recolectado por este impuesto fue 475 mil millones de Colones, por lo tanto esa recaudación significó solo el 5.9% de esos recursos.

YA NO MAS RECOPE (YNMR) no está proponiendo vender RECOPE. No está asegurándole al pueblo de Costa Rica que, con solo abrir el mercado de los combustibles, los precios al consumidor rebajarán automáticamente puesto que hay muchas variables que hay que considerar y sobre las cuales ni YNMR, ni RECOPE ni el país tiene un control efectivo como para hacer una promesa tan irresponsable como esa. Ni tampoco está diciendo que todos los activos e infraestructuras de RECOPE, que son del pueblo de Costa Rica, serán vendidas como bienes de difunto. Eso no es así. Y eso lo dejamos bien claro durante el Foro de la Cámara de Empresarios del Combustibles realizado recientemente, al cual fuimos invitados y tuvimos la oportunidad de debatir sobre este tema con representantes de RECOPE (que indicaron que ellos NO temen a la competencia), de la Cámara de Industria, del MINAE, de los consumidores y otros grupos de opinión. Lo que YNMR propone es abrir el monopolio, que el consumidor costarricense tenga la alternativa de escoger y que la ARESEP determine un precio máximo de venta al consumidor. Proponemos mantener a RECOPE como participante en el mercado pero modernizándola y optimizándola para reforzar su capacidad de competir al liberarla del secuestro político y sindical del que es objeto, aspectos que son de total incumbencia de RECOPE y del Estado costarricense, como accionista único de esta institución, el reformar. El Estado, además, podrá cobrar cánones en base a niveles internacionales por el uso de la infraestructura tanto portuaria como de internamiento (poliductos) y que los combustibles especiales (jet, fuel oil, etc.) y suministros de combustibles a las instituciones del Estado continúen en manos de RECOPE. Esto puede sonar muy riesgoso, pero hay circunstancias – más allá del derecho a la libertad de escogencia – que se deben de considerar.

Es cierto que el ingreso del Estado por concepto de recolección de ese impuesto es un porcentaje, aunque no determinante (solo el 5.9% del presupuesto nacional), sí es significativo para las finanzas del gobierno debido a las actuales circunstancias fiscales del país, y en específico por el abultado déficit que estamos arrastrando y que no hemos podido, por politiquería o por incapacidad manifiesta, controlar. Es un asunto de mayores ingresos pero pocos controles de gasto; y no hay político que quiera tener las manos amarradas cuando al erario público haya que sanearlo y limitar los gastos, especialmente los superfluos y todos aquellos que se han demostrado como despilfarro, no solo en las instituciones del gobierno central, sino en las autónomas.

Ese impuesto único tiene visos de inconstitucionalidad puesto que NO es un porcentaje específico del precio del bien, como es lo normal en todo el mundo, sino el resultado de un proceso matemático en el cual entran gran cantidad de variables (recomendamos ir a la página de la ARESEP para que vean como se calcula ese impuesto) y NO es dependiente exclusivamente del precio internacional de los combustibles refinados, que es lo que nuestro país importa. Por ejemplo, sin importar si el precio internacional del combustible fuese 0 colones por barril puesto en el muelle petrolero de RECOPE, el impuesto aun así aplicaría. Háyase visto semejante sinsentido como lo es gravar con un impuesto NO PORCENTUAL un bien que no tiene un precio aduanal de importación, sea CIF, C&F o FOB. Además, ese impuesto y al menos como lo indica la ley 8114, es calculado principalmente en base a la variación en el índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y en ningún caso el ajuste trimestral podrá ser superior al tres por ciento (3%). Si se revisa el histórico, digamos desde el año 2000 a la fecha, ese impuesto solo ha tenido una rebaja significativa y la misma se dio entre Noviembre del 2015 y Julio del 2016. Y esto debido a dos factores que no pueden obviarse: a- el precio internacional estaba por los suelos (Colones 144.58/litro) y b- la inflación nuestra era prácticamente 0.

Del impuesto único a los combustibles, y por la referida ley 8114 de Simplificación Tributaria (de simplificación SOLO el nombre), se indica en su artículo 5 que del producto anual de los ingresos provenientes de ese impuesto, el 29% se destinará a favor del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) de forma específica y obligatoria. De ese porcentaje el CONAVI destinará el 75% del monto que le corresponde para la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la infraestructura vial nacional, y el 25% restante para los mismos fines pero referidos a la infraestructura vial cantonal. En otras palabras, si el Impuesto Único a los Combustibles recauda Colones 475 mil millones al año (como lo hizo en el 2016), un total de Colones 137.7 mil millones serían asignados al CONAVI. Ese monto, aunque parezca irónico, es prácticamente igual al presupuesto operativo de RECOPE, con todo y su convención colectiva.

Y todos en este país sabemos que CONAVI es la peor institución que ha creado el Estado costarricense por mediocre, ineficiente y corrupta, al grado tal de que el ex ministro Segnini la catalogó como “una cueva de maleantes”, y que ha sido tema de campaña, en la pasada y aparentemente en la actual, el cerrarla. Acá vale la pena recordar que de acuerdo a la ley constitutiva de CONAVI, los combustibles se gravaban con un 15% para su financiamiento, además de otros ingresos tipificados en esa ley y que aún están vigentes. Hoy ese 15% significa el 29%, o sea, casi el doble. He aquí, y dependiendo de estudios más profundos, una alternativa de cómo podríamos rebajar el precio a los combustibles desde YA.

Por otro lado, la convención colectiva de RECOPE representa aproximadamente el 17% del total de su presupuesto operativo anual, lo que significa aproximadamente Colones 8.0/litro del precio actual de los combustibles. Para efecto de cálculo, usaré el total de combustibles importado por Costa Rica durante el 2016, que fue de 3.3 mil millones de litros, y le agregaremos un 5% de aumento para el 2017; y tomaremos el monto de Colones 8.00/litro para calcular cuánto significa, aproximadamente, el ahorro en caso de que la convención colectiva fuese eliminada como producto de una apertura del mercado. Estas condiciones nos dicen que el consumo total del país sería para este 2017 de 3.5 mil millones de litros. La convención colectiva representa, en consecuencia y si estos números se mantienen a lo largo de este año, unos Colones 27.7 mil millones. Y si a este monto le agregamos lo que significa el monto destinado por ley a CONAVI, nos damos cuenta de que el ahorro potencial para el consumidor nacional es de Colones 165.4 mil millones que, al reflejarse en el precio final al consumidor significaría casi Colones 48.00/litro, o lo que es lo mismo, Colones 180.70 por galón.

Estamos de acuerdo de que estos son números hechos grosso modo y utilizados para ilustrar un punto que, definitivamente, es importante considerar cuando se analizan las posibilidades tanto económicas como legales de una apertura del mercado de los combustibles. Hay que hacer los cálculos de forma más exacta así como ahondar en las consideraciones constitucionales y legales correspondientes; y por supuesto adicionar otros aspectos en los cuales el ahorro podría incrementarse, principalmente vía planilla y racionalización de inversiones. En todo caso, de que hay una enorme posibilidad de ahorro… sí que la hay.

Las reformas que hay que hacer en el campo de los combustibles, ya delineadas desde el PAE III y aprobado como ley de la República ya hace 27 años, están aún pendientes y deberían de hacerse vía legislativa en base a las actuales circunstancias del país y; en especial, considerando que la matriz energética está cambiando a nivel global. El mantener un monopolio público en los combustibles no solo es incongruente con las circunstancias actuales del país, sino con las mismas tendencias renovadoras y sustitutivas a nivel planetario.

El mercado de los combustibles debe de abrirse. Costa Rica no tiene otra alternativa; y hay que exigir de los candidatos a la presidencia de la República para este 2018, entre muchos otros temas urgentes que el país necesita abordar, posiciones claras, firmes y sobre todo realistas sobre este tema. Estamos de acuerdo que el populismo es nefasto para el país, pero también lo es la inacción y la desidia. Costa Rica está pidiendo una decisión sobre este tema, y la aprobación al referendum por parte del TSE y el apoyo que nuestro grupo YNMR ha obtenido por parte de la opinión pública nacional por liderar esta iniciativa, demuestran la validez de este reclamo popular de forma fehaciente.

Nosotros en YNMR tenemos propuestas, respuestas y la voluntad de hacerlas realidad y así se lo estamos demostrando al pueblo de Costa Rica. Los políticos de turno lo que tienen son intereses electorales. No hay que caer en la trampa populista, como bien dice usted don Claudio Alpizar.

¿LA BANCA BAJO ATAQUE?

La banca costarricense está llena de ejemplos de como, a lo largo de toda su existencia, ha sido utilizada por la oligarquía cafetalera primero, y después por las élites políticas, económicas, comerciales y financieras, para proteger sus intereses y usufructuar de sus recursos. Desde sus orígenes hasta el presente, y de una u otra forma, la banca costarricense, sea durante su fundación de carácter privado, durante su corta época mixta y durante su época estatal después de 1949, pasando por la apertura y reforma en 1995 y hasta el presente, ha sido controlada por grupos de poder que la han utilizado para promover sus intereses particulares.

Esto ha sido así desde la década de 1840 cuando las primeras casas de consignación, con capital británico, iniciaron sus operaciones de usura financiera para respaldar a los grandes productores y exportadores de café, como también a la actividad minera. No varió el formato con la fundación del primer banco en Costa Rica, que fue el Banco Nacional Costarricense, de efímera duración y creado por decreto presidencial por don Juanito Mora, no solo para paliar las penurias financieras de nuestro país producto de la Campaña Nacional de 1856-1857, sino para proyectar el enorme poder político y económico de su fundador. En 1863 se funda el Banco Anglo Costarricense por parte de dos inversionistas británicos, en conjunto con la familia Montealegre, que respondía de forma exclusiva a los intereses de las clases dominantes del país. Posteriormente, y con la intención de romper ese monopolio financiero, hubo intentos de fundar otros bancos de capital mixto (estatal y privado), principalmente durante la segunda administración del Dr. Castro Madriz y durante los 12 años del gobierno de don Tomás Guardia. De esos intentos, y debido a la oposición de grupos muy poderosos, solo sobrevivió el Banco de la Unión que se convirtiría en el Banco de Costa Rica en 1890.

Estos bancos, de índole privada, dominaron la banca costarricense hasta 1914 cuando se funda el Banco Internacional de Costa Rica, que es el primer banco estatal y depositario por ley de la emisión de la moneda nacional. Quisiera, si me lo permiten, hacer referencia a la Reforma Monetaria de 1896 con la cual se sustituye el Peso (heredado desde finales de la Colonia) por nuestro actual Colón; y a la Ley General de Bancos del año 1900. Ambas son importantes porque de ellas se desprende la posibilidad de fundar un banco estatal, cosa que se hizo como ya fue dicho, por decreto presidencial en 1914 durante la administración de don Alfredo Gonzáles Flores. Este banco cambia de nombre en 1936 a Banco Nacional de Costa Rica.

En 1948 y por decreto No. 71 del presidente de la Junta de Gobierno don José Figueres, toda la banca costarricense fue nacionalizada; y en Enero de 1950, durante la administración de don Otilio Ulate, se emite la ley creadora del Banco Central de Costa Rica. A principios estas fueron políticas económicas, financieras y monetarias acertadas por cuanto las mismas fueron la base de la subsiguiente prosperidad del país; y fueron el motor que impulsó al Estado Paternalista que se extendió desde 1950 hasta aproximadamente 1986. Pero, no obstante de haberse nacionalizado, la banca costarricense paulatina e irremediablemente cayó, una vez más, en manos de grupos lauditas de intereses políticos y financieros que, a pesar de haber sido desplazados como resultado de la Revolución del 48 y sus reformas, fueron capaces de sobrevivir por sus alianzas con la nuevas clases políticas dominantes, y amoldarse a las nuevas reglas del juego y a dictar sus derroteros.

He hecho esta pequeñísima reseña histórica porque desde ya hace más de 2 décadas la banca estatal está siendo manipulada por los intereses de grupos de amplio poder político, financiero y comercial, tal y como lo fue en el pasado, que la ha afectado y desvirtuado de forma muy evidente. Ya vemos como esos grupos, indiferentes al interés nacional, provocaron el cierre del Banco Anglo en 1994, como el Banco Crédito Agricola de Cartago está en un proceso de quiebra disimulada y a punto de despedir más de 500 de sus empleados, el Banco de Costa Rica está en medio de un torbellino político escandaloso por préstamos multimillonarios, el Banco Popular está en problemas por inversiones multimillonarias sin ningún resultado positivo para la institución y, por último, el Banco Nacional está en negociaciones espurias para aumentar los sueldos de sus máximos jerarcas (algo similar a lo acontecido en el Banco Central de Costa Rica). Hay descrédito, desconfianza e indisposición en la ciudadanía en contra de la institucionalidad bancaria nacional propiedad del Estado. Pareciera, y Dios me perdone si me equivoco, que hay intereses para eliminar la banca estatal y dejar el país en manos unicamente de la banca privada, tal y como fue desde 1840 hasta 1936.

La banca estatal está en serios problemas y se hace necesario que haya una intervención generalizada y urgente a toda su estructura jurídica, administrativa y operacional. Se hace evidente que a la banca estatal hay que defenderla, rescatarla, sanearla, reformarla y modernizarla y, si se hace necesario, hasta reducirla a un máximo dos bancos estatales. Los oscuros intereses políticos, financieros y comerciales que se han apoderado de ella, como lo hicieron antaño, la están llevando a una crisis severamente peligrosa que, definitivamente, podría traer consecuencias nefastas para la estabilidad del país.

¡Las consecuencias por no actuar YA pueden ser catastróficas…!

CULTURA POLITICA COSTARRICENSE

Al leer muchos de los comentarios vertidos en redes sociales, principalmente estos días en los cuales ha empezado a calentar la campaña electoral que habrá de desembocar en las elecciones de Febrero del 2018, me queda demostrado, más allá de toda duda y con escasas y honrosas excepciones, que nuestra cultura política sigue siendo pueblerina, biliosa, chavacana y sumamente hipócrita. Nosotros, definitivamente, somos un pueblo politicamente atrasado. No hacemos política. Hacemos politiquería y de la peor ralea; incluyendo en esta ignominía hasta nuestra misma casta política, principal generadora de este repulsivo comportamiento. No hemos salido aún de la politiquería de los caciques, de los gamonales, de la chismografía, de los clanes y de los serviles.

Hemos llegado a extremos de crear y creer falsedades que reflejan nuestros peores instintos como sociedad: odio, resentimiento y envidia, y por supuesto, el egoismo y el ataque artero. Acusamos y exigimos condena. Hemos creado una tergiversación descomunal de nuestra propia historia política y nos hemos dejado manipular por aquellos que la crearon y por los serviles que la venden y propagan.

Lo más doloroso, e insisto que con muy puntuales excepciones, es que hemos erradicado nuestra capacidad para encontrar en la humildad el arma que nos ayude a superar nuestros errores y nuestras alevosías. Hemos hecho de la condena falaz un deporte nacional. Nuestra marca de fábrica. Y nos hemos vuelto incapaces de educar y educarnos politicamente.

Duele leer a personas con enorme cultura y preclara inteligencia caer en la chavacanería, en el servilismo, en el insulto fácil y en el apodo preyorativo. Y además, estar plenamente concientes de lo que hacen y por qué lo hacen. Hemos dejado que los alevosos terminen creyendo en una superioridad que NO tienen, pero que tácitamente les hemos asignado por nuestra misma apatía de enfrentarlos.

¡Y los hemos dejado creer, vaya desilusión, que con ello demuestran superioridad moral…!

Revisen los comentarios y podrán notar como la soberbia tergiversa los hechos, desvirtúa la historia, retuerce el lenguaje y privilegia la chavacanería literaria y el insulto; y para rematar, darle y darse el olimpo de creer que semejantes estulticias son “hacer política”.

Todos tenemos el derecho fundamental a una opinión, pero todos también tenemos la ineludible obligación moral de emitir LA MEJOR opinión que nos sea posible de forma honesta y veraz. Y esa obligación es aún mayor cuando somos poseedores de una educación y una inteligencia excelsas. El insulto, la calumnia y el apodo NO son manifestaciones de inteligencia y cultura superiores. Son formas que denotan nuestra impotencia y nuestra ignorancia; y muestra nuestra alevosía al priorizar la mentira, la falacia y el descrédito. No perdonamos ni honor ni derechos. Somos implacables en el uso y abuso de nuestras bajezas…

Y es que sobre todo, y sin excusa alguna, hemos dejado de lado la obligación de educar y educarnos para así enriquecer nuestro bagaje político como pueblo culto e inteligente. Esta es la única forma de construir una sociedad crítica y exigente de sus gobernantes y, a la vez, libre de los mediocres y soberbios que se empeñan en manipular nuestra civilidad. Los intereses del mediocre y el soberbio solo difieren en la máscara.

Y recuerden: “En la casa de un mediocre y soberbio todos somos sirvientes” (MF).

CONSTITUYENTE

Ayer, durante mi presentación en el foro organizado por la Cámara de Empresarios del Combustible, dije que uno de los aspectos más entronizados en el imaginario popular lo es el costarriqueñismo “no se puede” y todo lo que esta frase significa y genera. Nos sumimos en discusiones estériles cuando nos enfentamos a las posibilidades del “cambio” que muchos sectores de nuestra población exigen. Y es que hay todo tipo de trabas que pueden provenir desde el ordenamiento constitucional y jurídico, o desde grupúsculos y/o individuos satisfechos y usufructuantes del statu quo, o desde el poder e influencia de grupos feudales interesados en obstaculizar el proponer, generar y realizar cambios que a todas luces el país necesita. Claro, esa referencia la hice con respecto a la propuesta de referendum para la apertura del mercado de los combustibles, pero aplica practicamente para todo lo que se refiere a nuestra vida diaria así como a la actividad del Estado, o sea, a toda la actividad institucional que le da ejecución a nuestro concepto de Estado. En este punto, y como comentario adicional, debo de hacer referencia a una expresión de uno de los personeros de RECOPE presente en ese foro y que dijo, literalmente, “nosotros NO tenemos miedo al cambio y a competir”. Pues bien, esa es una actitud encomiable y que me da esperanzas de que no todo está tan mal como había erroneamente pensado.

Pero, además del clásico “no se puede” hay que agregar, y con sobrada razón, la desconfianza hacia todo lo que representa la clase política, ascentuada ésta por la decepción ciudadana porque no se dislumbran cambios generacionales en los cuadros dirigenciales superiores y porque, cada vez, la oferta electoral partidaria es más mediocre que la anterior. Pareciera que los notables, con muy raras excepciones, se extinguieron en el planeta político costarricense. Esto ha provocado que se entronice en la conciencia popular la generalización de que todo lo que tenga que ver con alguna propuesta de un sector político es, de antemano, corrupto o como mínimo “un contubernio supeditado a intereses excluyentes creados desde Lomas de Ayarco, pasando por Zapote y terminando en Rohrmoser”. Hay una profunda desconfianza ciudadana que nos está hundiendo. Necesitamos, y de urgencia, recuperar la confianza en nuestro país y en nuestras instituciones pero, sobre todo, en nosotros mismos.

Lo que sí es obvio, a pesar de los tiempos confusos que vivimos y de las dicotomías que han y siguen fracturando nuestro tejido político y social, es el hecho de que tenemos que hacer “algo”. Cambiar nuestro rumbo. Cambiar nuestra brújula porque, definitivamente, no nos está marcando bien el norte. Ahora bien, ese “algo”, ese “cambio de brújula” para algunos, incluyéndome, es una Constituyente, para otros lo son reformas parciales a la actual CP y reformulación de varias leyes estratégicas como la Ley de Administración Pública; y para otros la alternativa es el dejar las cosas como están y solo bastaría con exigir decoro, honestidad y transparencia en el ejercicio del poder político porque, se alega, es desde este origen donde se generan TODOS los males que sufre nuestro país y, sobre todo, la ineficiencia y la corrupción. Lo importante es que las diferentes perspectivas están en la mesa y eso, definitivamente, enriquece nuestra democracia. Alguna de todas, necesariamente, deberá de convertirse en realidad. De mi parte espero que NO sea la última y, más bien, espero que ésta sea el resultado de cualquiera de las dos anteriores, pero principalmente de la primera: una Constituyente.

En lo personal he llegado al convencimiento de que una Constitución es, y por gran diferencia, mucho más que solo una base política (la cual, de todos modos, es incuestionable que hay que reformar), sino que sobre todo es la Lex Magna desde donde se desprende todo el funcionamiento y reglamentación del aparato estatal: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las instituciones autónomas, el TSE, el régimen municipal, la funcionabilidad presupuestaria, el escenario hacendario, etc. Y la verdad es que, nos guste o no reconocerlo y al menos para este opinólogo (como me dicen algunos), todo el sistema está desfasado, carcomido desde adentro y plagado de instituciones extractivas que ya no responden a las espectativas no solo de la ciudadanía, sino que tampoco a las exigencias de los tiempos modernos y globalizados que vivimos.

Una nueva Constitución Política no significa el tomar la actual y desaparecerla y redactar una completamente nueva. No es un borrón y cuenta nueva. Ni la del 49 fue completamente nueva, y por el contrario, por medio de ella nos han llegado muchas directrices constitucionales que se traen desde el siglo XIX, y principalmente de la Constitución Política de 1871 (que dicho sea de paso, fue muy pionera para su época). Debemos, y de hecho podemos, tomar muchas de las cosas buenas que tiene nuestra actual CP y mantenerlas, pero necesariamente se debe de diseñar un cuerpo constitucional que también considere elementos propios de la Costa Rica del siglo XXI la cual, definitivamente, no es ni la Costa Rica del siglo XIX, ni la de los 1940s ni la de los 1960s o 70s.

Nuestra Costa Rica, esta que estamos viviendo, es una realidad social que está confundida y confusa, es una nación con groseros contrastes que está en los albores de grandes transformaciones que van desde las áreas políticas, cívicas, económicas, financieras y tecnológicas hasta los espacios sociales, familiares, éticos y morales. La esencia de nuestros tiempos es el cambio continuo y acelerado y por ello necesitamos de una estructura Constitucional que no solo sea sólida para proteger nuestro modelo democrático, sino lo suficientemente flexible como para que nos permita adaptarnos con agilidad a las exigencias de los tiempos globales que nos definen hoy y en el futuro a mediano y largo plazo. La actual, que hay que reconocer que nos ha servido bien y de la que hay que preservar lo bueno que icuestionablemente tiene, cada vez se torna más desfasada en varios de los aspectos vitales que definen la vida moderna: agilidad y eficiencia del Estado, estructuración y reglamentación del ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial, el funcionamiento del TSE y la Sala IV, la incontestable diversidad, los derechos humanos, seguridad y muchos otros. Es una obligación histórica que debemos de enfrentar y solucionar y es, además, el legado que debemos de dejar a las futuras generaciones de costarricenses.

Debemos de pensar y discutir seriamente lo que vamos a hacer, y tenemos que proceder a hacerlo YA. El tiempo sigue corriendo y el nadadito de perro que nos caracteriza puede ser un arma no de doble, sino de triple filo en nuestra contra. Porque debemos de entender que, al final de cuentas, el frío no está en las cobijas, sino que – por el momento – está en nosotros mismos…