JUCIO POLÍTICO Y RESPONSABILIDAD POLITICA

Estos son tiempos para entender que toda nuestra institucionalidad democrática ha sido y sigue siendo desbordada por un deterioro incuestionable, el cual también se ha ido permeando a todas las demás capas y manifestaciones de nuestra vida nacional.

Son patentes el desencanto y la desconfianza que el ciudadano costarricense siente por el deterioro de nuestro sistema político, en particular con el sistema partidario y con sus “figuras” y “figurones”. Así mismo, esa actitud se hace extensiva hacia los tres poderes de nuestra República: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En síntesis, y a pesar de que nunca faltan las voces satisfechas que defienden el statu quo, ya sea por intereses, por sesgos ideológicos o partidistas, por vanidad, por no querer salirse de su zona de confort e, inclusive, por ignorancia, la gran mayoría de este pueblo siente la necesidad de una revisión profunda, seria, responsable y renovadora de nuestras estructuras políticas y judiciales.

Pero ¿Qué debemos hacer? O, mejor dicho ¿Qué podemos hacer?

Para muchos de nosotros, es hora de que Costa Rica tenga una nueva Constitución Política, por lo tanto apoyamos sin reservas un Constituyente. Para otros, no es necesaria una nueva Constitución Política, y solo bastaría con reformar varios de sus artículos y algunas leyes en específico con el fin de destrabar y recuperar nuestro país. El defender una u otra posición no es el fin de este artículo, pues ya habrá tiempo para ello.

El tema central de este artículo tiene que ver, principalmente, con el concepto de Responsabilidad, y en específico, con la Responsabilidad Política.

En este país nuestro, no hay forma institucional alguna de poder aplicar condena debido a la Responsabilidad Política. Nuestra Constitución Política por un lado blinda a los responsables políticos, y por el otro es ambigua en cuanto QUE puede y debe de ser considerado Responsabilidad Política, así como también carece de una definición diáfana y específica de lo que es el concepto de Juicio Político. El Juicio Político en nuestro país es, aunque parezca cantinflesco decirlo, un ejercicio que le pertenece a los medios de opinión y, recientemente, a las redes sociales. La sentencia, de forma consuetudinaria, es condenatoria por la misma naturaleza del tribunal, y obviamente NO es vinculante y, por lo tanto, NO hay Responsabilidad Política de aquel o aquellos que hayan sido sometidos al juicio depredador de los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, en este país NADIE ni es depuesto, despedido o renuncia por custionamientos políticos; y muchísimo menos si ha sido juzgado mediáticamente o en las redes sociales.

El caso, muy reciente, del diputado Victor Morales Zapata es ejemplarizante: hay suficiente evidencia circunstancial y material para que sea sometido a un Juicio Político en la Asamblea Legislativa, pero por su condición de diputado NO va a ser sometido a dicho proceso. Cualquiera acá puede alegar, aunque solo sea para confundir, que este diputado renunció a su inmunidad, lo cual es cierto, pero ello aplica para poder proceder o a acusar o a defenderse en nuestro tribunales comunes de justicia, no para ser sometido al Juicio Político de sus pares. Es más, renunció a su partido y a su fracción legislativa… pero NO HA RENUNCIADO a su curul. Es fácil entender esta situación si leemos nuestra Constitución Política Artículos 110 y 124, incisos 9, 21, 23 y 24. Y aclaremos de una vez para que no haya dudas o malos entendidos al leer esos artículos e incisos: el Juicio Político NO es igual al juicio Legal (Civil o Penal). Son entidades jurídicas y políticas totalmente distintas.

El juicio Político, vuelvo y repito, NO existe de forma práctica en Costa Rica; y por lo tanto, TAMPOCO existe la Responsabilidad Política. Si fuese lo contrario, MUCHOS, por no decir demasiados, de los desaguisados que existen y han existido en este país NO se darían. Muchas de las “cosas” que hemos atestiguado las últimas, digamos, 3 décadas NO hubieran sucedido…

Por lo tanto, y aclarando que no soy ni abogado y mucho menos constitucionalista, pero sí un ciudadano comprometido y preocupado con la situación del país, propongo de forma vehemente que nuestra Asamblea Legislativa proceda a redactar, discutir y votar afirmativamente una reforma parcial a nuestra Constitución Política en la cual se hagan fehacientemente claros tanto el concepto y causas para el Juicio Político (en inglés impeachment), como el de Responsabilidad Política; y por supuesto sus respectivas penas, así como la nulidad de la inmunidad para enfrentar JUCIOS POLITICOS por RESPONSABILIDAD POLITICA. Y que ambos conceptos apliquen para todos los funcionarios ELECTOS que ejerzan los altos puestos a los cuales han sido elegidos por votación popular, además de que, en caso de condena y de demostración plena de culpa, el funcionario sea depuesto de su cargo y, si es del caso, sometido al proceso judicial penal o civil que nuestro ordenamiento jurídico disponga.

Estoy plenamente seguro de que los resultados de tales reformas serían muy positivos para este país, y serían generadoras de un proceso de recuperación de confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas. Ya tendremos oportunidad, si me lo permiten, de que hablemos de otras reformas que son urgentes, como la elección de diputados, pero baste por el momento que discutamos sobre estos dos conceptos: RESPONSABILIDAD POLITICA y JUICIO POLÍTICO.

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