CONSTITUYENTE

Ayer, durante mi presentación en el foro organizado por la Cámara de Empresarios del Combustible, dije que uno de los aspectos más entronizados en el imaginario popular lo es el costarriqueñismo “no se puede” y todo lo que esta frase significa y genera. Nos sumimos en discusiones estériles cuando nos enfentamos a las posibilidades del “cambio” que muchos sectores de nuestra población exigen. Y es que hay todo tipo de trabas que pueden provenir desde el ordenamiento constitucional y jurídico, o desde grupúsculos y/o individuos satisfechos y usufructuantes del statu quo, o desde el poder e influencia de grupos feudales interesados en obstaculizar el proponer, generar y realizar cambios que a todas luces el país necesita. Claro, esa referencia la hice con respecto a la propuesta de referendum para la apertura del mercado de los combustibles, pero aplica practicamente para todo lo que se refiere a nuestra vida diaria así como a la actividad del Estado, o sea, a toda la actividad institucional que le da ejecución a nuestro concepto de Estado. En este punto, y como comentario adicional, debo de hacer referencia a una expresión de uno de los personeros de RECOPE presente en ese foro y que dijo, literalmente, “nosotros NO tenemos miedo al cambio y a competir”. Pues bien, esa es una actitud encomiable y que me da esperanzas de que no todo está tan mal como había erroneamente pensado.

Pero, además del clásico “no se puede” hay que agregar, y con sobrada razón, la desconfianza hacia todo lo que representa la clase política, ascentuada ésta por la decepción ciudadana porque no se dislumbran cambios generacionales en los cuadros dirigenciales superiores y porque, cada vez, la oferta electoral partidaria es más mediocre que la anterior. Pareciera que los notables, con muy raras excepciones, se extinguieron en el planeta político costarricense. Esto ha provocado que se entronice en la conciencia popular la generalización de que todo lo que tenga que ver con alguna propuesta de un sector político es, de antemano, corrupto o como mínimo “un contubernio supeditado a intereses excluyentes creados desde Lomas de Ayarco, pasando por Zapote y terminando en Rohrmoser”. Hay una profunda desconfianza ciudadana que nos está hundiendo. Necesitamos, y de urgencia, recuperar la confianza en nuestro país y en nuestras instituciones pero, sobre todo, en nosotros mismos.

Lo que sí es obvio, a pesar de los tiempos confusos que vivimos y de las dicotomías que han y siguen fracturando nuestro tejido político y social, es el hecho de que tenemos que hacer “algo”. Cambiar nuestro rumbo. Cambiar nuestra brújula porque, definitivamente, no nos está marcando bien el norte. Ahora bien, ese “algo”, ese “cambio de brújula” para algunos, incluyéndome, es una Constituyente, para otros lo son reformas parciales a la actual CP y reformulación de varias leyes estratégicas como la Ley de Administración Pública; y para otros la alternativa es el dejar las cosas como están y solo bastaría con exigir decoro, honestidad y transparencia en el ejercicio del poder político porque, se alega, es desde este origen donde se generan TODOS los males que sufre nuestro país y, sobre todo, la ineficiencia y la corrupción. Lo importante es que las diferentes perspectivas están en la mesa y eso, definitivamente, enriquece nuestra democracia. Alguna de todas, necesariamente, deberá de convertirse en realidad. De mi parte espero que NO sea la última y, más bien, espero que ésta sea el resultado de cualquiera de las dos anteriores, pero principalmente de la primera: una Constituyente.

En lo personal he llegado al convencimiento de que una Constitución es, y por gran diferencia, mucho más que solo una base política (la cual, de todos modos, es incuestionable que hay que reformar), sino que sobre todo es la Lex Magna desde donde se desprende todo el funcionamiento y reglamentación del aparato estatal: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las instituciones autónomas, el TSE, el régimen municipal, la funcionabilidad presupuestaria, el escenario hacendario, etc. Y la verdad es que, nos guste o no reconocerlo y al menos para este opinólogo (como me dicen algunos), todo el sistema está desfasado, carcomido desde adentro y plagado de instituciones extractivas que ya no responden a las espectativas no solo de la ciudadanía, sino que tampoco a las exigencias de los tiempos modernos y globalizados que vivimos.

Una nueva Constitución Política no significa el tomar la actual y desaparecerla y redactar una completamente nueva. No es un borrón y cuenta nueva. Ni la del 49 fue completamente nueva, y por el contrario, por medio de ella nos han llegado muchas directrices constitucionales que se traen desde el siglo XIX, y principalmente de la Constitución Política de 1871 (que dicho sea de paso, fue muy pionera para su época). Debemos, y de hecho podemos, tomar muchas de las cosas buenas que tiene nuestra actual CP y mantenerlas, pero necesariamente se debe de diseñar un cuerpo constitucional que también considere elementos propios de la Costa Rica del siglo XXI la cual, definitivamente, no es ni la Costa Rica del siglo XIX, ni la de los 1940s ni la de los 1960s o 70s.

Nuestra Costa Rica, esta que estamos viviendo, es una realidad social que está confundida y confusa, es una nación con groseros contrastes que está en los albores de grandes transformaciones que van desde las áreas políticas, cívicas, económicas, financieras y tecnológicas hasta los espacios sociales, familiares, éticos y morales. La esencia de nuestros tiempos es el cambio continuo y acelerado y por ello necesitamos de una estructura Constitucional que no solo sea sólida para proteger nuestro modelo democrático, sino lo suficientemente flexible como para que nos permita adaptarnos con agilidad a las exigencias de los tiempos globales que nos definen hoy y en el futuro a mediano y largo plazo. La actual, que hay que reconocer que nos ha servido bien y de la que hay que preservar lo bueno que icuestionablemente tiene, cada vez se torna más desfasada en varios de los aspectos vitales que definen la vida moderna: agilidad y eficiencia del Estado, estructuración y reglamentación del ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial, el funcionamiento del TSE y la Sala IV, la incontestable diversidad, los derechos humanos, seguridad y muchos otros. Es una obligación histórica que debemos de enfrentar y solucionar y es, además, el legado que debemos de dejar a las futuras generaciones de costarricenses.

Debemos de pensar y discutir seriamente lo que vamos a hacer, y tenemos que proceder a hacerlo YA. El tiempo sigue corriendo y el nadadito de perro que nos caracteriza puede ser un arma no de doble, sino de triple filo en nuestra contra. Porque debemos de entender que, al final de cuentas, el frío no está en las cobijas, sino que – por el momento – está en nosotros mismos…

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